Garantizar la justicia para las víctimas del delito es una función central de todo tipo de gobiernos en todo el mundo, y esto ciertamente no es menos cierto en América Latina. Resolver el crimen, prevenir el crimen, desbaratar los grupos delictivos organizados y exonerar a los inocentes es, y siempre será, un servicio de primordial importancia para la región de América Latina.

Es con estos antecedentes que nos complace en anunciar el lanzamiento regional de una campaña llamada Justicia Forense – ADN Latino América. Nuestro propósito es actuar como coordinadores de todas aquellas partes interesadas, públicas y privadas, gubernamentales y de la sociedad, que deseen promover el uso responsable de las bases de datos de ADN criminal como una herramienta importante para ayudar a reducir la impunidad de las víctimas de delitos. El concepto de estas bases de datos es fácil de entender: cuando un criminal es arrestado o condenado por un delito elegible para su inclusión en a la base de datos de ADN, la muestra de ADN se recolecta y se envía al laboratorio forense para su análisis. El perfil de ADN resultante (conocido como su huella genética) se ingresa en una base de datos segura de ADN de delincuentes. A partir de esa fecha, si la persona comete otro delito y deja ADN en la escena del crimen  o en los rastros del crimen, la evidencia se puede comparar con la base de datos de ADN criminal para verificar si hay una coincidencia. Este proceso permite a los investigadores identificar a un criminal incluso cuando no hay otra evidencia disponible. También brinda a los investigadores una oportunidad inmediata para resolver crímenes antiguos sin resolver donde nunca se ha identificado a un sospechoso o identificar a las personas desaparecidas y dar un cierre a sus seres queridos.

 Varios países de América Latina han llevado a cabo la introducción de bases de datos de ADN en los últimos años, algunos con fines humanitarios y otros para la investigación criminal. Otros ahora están comenzando a considerar su implementación a medida que más y más evidencia empírica demuestra su efectividad e importancia para la política criminal a nivel mundial. Cincuenta y nueve países tienen programas nacionales de bases de datos de ADN criminal, pero América Latina está subrepresentada como una región con solo seis países que tienen bases de datos criminales de ADN. En algunos casos, aquellos países que tienen una base de datos en funcionamiento no tienen alcance nacional, sino que ciertas provincias han seguido adelante con leyes y políticas locales. En otros, los delitos elegibles para obtener el perfil de un delincuente no son lo suficientemente amplios como para producir un alto nivel de coincidencias con las pruebas de ADN de la escena del crimen. No obstante, nuestra visión es alentar las bases de datos de ADN establecidas para que otros las sigan, y motivar la creación de una campaña para el desarrollo de base de datos de ADN criminal donde todos los países puedan beneficiarse de esta evidencia más moderna, imparcial y confiable. Además, es hora de agregar huellas genéticas junto con las huellas dactilares tradicionales como herramienta de identificación.

La creación y administración de bases de datos de ADN de delincuentes es predominantemente el resultado de leyes aprobadas por las asambleas legislativas nacionales. Esto permite que los legisladores de un país identifiquen de manera clara y transparente los requisitos técnicos específicos para el manejo de las bases de datos, aclara las respectivas responsabilidades institucionales y asegura un debate sano y amplio para definir qué delitos deben desencadenar la obtención y el almacenamiento del perfil de ADN de un delincuente. Sin tales leyes, los estados tienen menos herramientas disponibles para combatir los delitos violentos, el crimen organizado y los delitos sexuales, y las investigaciones pueden costar más dinero, llevar mucho más tiempo y quedar sin resolver.

En América Latina cada país cuenta con laboratorios profesionales de ADN. Suelen estar ubicados en organismos policiales, fiscalías o institutos nacionales de ciencias forenses y medicina legal. Se gestionan de manera responsable y cuentan con expertos adecuadamente capacitados que conocemos, ya que hemos tenido el honor de visitar muchos. Para hacer su trabajo a fondo y servir al sistema de justicia de la manera más eficiente posible, incluida la lucha contra el crimen transfronterizo en toda América Latina, más países deberían adoptar bases de datos sólidas para acompañar las investigaciones cada vez más sofisticadas de la escena del crimen. Muchos países de todo el mundo han estado operando bases de datos de ADN criminal durante más de dos décadas, por ejemplo; Europa, Estados Unidos, Australia/Nueva Zelanda y Asia, donde se recolecta el ADN de todos los arrestados y/o acusados de un delito y se compara con la base de datos de ADN de muestras de delitos sin resolver, exactamente de la misma manera que las huellas dactilares humanas se han utilizado durante más de un siglo para identificar la presencia de un delincuente en una escena del crimen. El ADN es una huella genética, única para todos, pero mucho más poderosa, ya que se puede rastrear a partir de un mechón de cabello, una gota de sangre, una gota de sudor o una escama de caspa, entre muchos otros tejidos y sustancias biológicas humanas que nosotros estamos eliminando todo el tiempo. Los casos que se remontan a más de tres décadas se han resuelto al volver a examinar la ropa, las cuerdas, las armas y otras pruebas en las que se ha encontrado el ADN del delincuente latente en cantidades microscópicas. La huella genética del criminal, intacta por el tiempo, estaba esperando ser descubierta por las modernas técnicas de extracción de ADN que los científicos forenses han desarrollado en todo el mundo.

Los países que utilizan estas bases de datos criminal experimentan resultados asombrosos para identificar y condenar a delincuentes que de otro modo pasarían desapercibidos. En los Estados Unidos, se han cargado más de 20 millones de muestras de delincuentes en su base de datos de ADN, y la base de datos de ADN de Inglaterra proporciona más de 1700 coincidencias de ADN por semana. Los países con sistemas de bases de datos de ADN avanzados, alcanzan tasas de coincidencia de bases de datos de ADN del 40-60%. Eso significa que por cada 10 crímenes sin resolver que ingresan en la base de datos, 4-6 llegarán inmediatamente a la huella genética de un sospechoso criminal.

Imagine la cantidad de delitos que se pueden resolver en investigaciones criminales complejas si la región de América Latina duplica el éxito experimentado en otras partes del mundo. Además, imagine cuántos delitos se pueden prevenir si los delincuentes pueden identificarse rápidamente a través de la base de datos de ADN criminal y eliminarse de la comunidad para que no puedan seguir dañando a la sociedad y abusando de los grupos vulnerables como las mujeres y los niños. Las bases de datos de ADN criminal son la herramienta más poderosa para combatir el crimen. Justicia Forense – ADN Latino América se enorgullece y se compromete a ayudar a desarrollar nuevas leyes de bases de datos, políticas operativas y procedimientos de investigación para los gobiernos y el sector de la justicia en la región. Nuestro objetivo es que las naciones de América Latina se unan a la creciente lista de países en todo el mundo que utilizan la base de datos de ADN para hacer que sus comunidades sean más seguras.  Además, no debemos ignorar el poder del ADN para exonerar a los inocentes y prevenir el crimen. Las pruebas de ADN y las bases de datos señalan rápidamente al verdadero delincuente y exonera a los que son acusados falsa o maliciosamente. Las bases de datos de ADN también ayudan a reducir la reincidencia delictiva: los delincuentes perfilados e ingresados en la base de datos a menudo se lo piensan dos veces antes de delinquir en el futuro, ya que saben que su huella genética de ADN es identificable a partir de la mínima cantidad de evidencia que pueden dejar en la escena del crimen. Finalmente, también es una poderosa herramienta para prevenir y detectar posibles delitos cometidos por los agentes de un Estado como fuerzas policiales u otros, puesto que la mayoría de las leyes aprobadas incluyen procedimientos y obligaciones para tomar perfiles de ADN de investigadores y otros empleados de justicia, siendo esto parte del necesario proceso de eliminación de perfiles de ADN de aquellos funcionarios que concurren a los reconocimientos en la escena del crimen.

 El mapa situacional interactivo en nuestro sitio web identifica el estado actual de la región en términos de bases de datos de ADN criminal y describe las leyes, políticas e instituciones involucradas en la proyección de este importante y necesario cambio.  Muchos países han comenzado a reclutar y capacitar a brillantes científicos forenses capaces de procesar ADN y agregar perfiles de ADN tanto de delincuentes como de la escena del crimen a las bases de datos. Su trabajo y la importancia de la huella genética deben colocarse a la vanguardia de la política criminal moderna en América Latina.

 Los logros y avances recientes deben ser aplaudidos y las agencias de justicia y seguridad que aún se encuentran en etapas de desarrollo deben recibir orientación y ayuda para construir estas bases de datos como parte de su contrato con los ciudadanos latinoamericanos para lograr medios de vida seguros. No debemos descansar, sino alentar leyes y protocolos que permiten un procesamiento de ADN más rápido y una justica eficiente. Todos los países de América Latina deberían tener este debate público y trabajar para construir un programa integral de bases de datos criminales de ADN. A lo largo del tiempo recomendamos que estas bases de datos deberían ser capaces de compartir perfiles de ADN a través de las fronteras de los países, a través de agencias como Interpol, para ayudar a resolver los delitos cometidos en un país de América Latina por un delincuente de otra nación latina.  El crimen está en todas partes en nuestro planeta globalizado y los delincuentes son ágiles y cruzan las fronteras nacionales o trascienden los continentes para cometer delitos graves y dañinos. Solo con programas nacionales de bases de datos de ADN criminal en toda la región de América Latina podremos aprovechar todo el poder de las bases de datos de ADN de delincuentes. Por lo tanto, hacemos un llamado a los colegas expertos, académicos, técnicos, científicos, políticos y la comunidad de justicia penal para que apoyen a las víctimas, reduzcan la impunidad, disminuyan el crimen violento y tomen medidas para implementar esta política criminal.