El Crimen Organizado en Brasil: altos índices delictivos y el potencial de una Base de Datos de ADN forense para reducirlo.

El crimen organizado en Brasil opera de manera diversa, sus estructuras controlan economías ilícitas transnacionales como el narcotráfico, el tráfico de migrantes y armas; a su vez se ocupan del control de territorios urbanos llamados “favelas”, zonas marginadas donde suplantan al Estado proveyendo servicios de seguridad, cobrando impuestos e imponiendo justicia por mano propia. 

Estas dinámicas criminales de control de población y capital repercuten directamente en las cifras delictivas asociadas con delitos comunes como el secuestro, el hurto calificado y delitos contra la vida como el homicidio. Según datos del Instituto de Pesquisa Económica Aplicada (IPEA), Brasil registró más de 40.000 homicidios en 2024, lo que representa una tasa de 30,8 homicidios por cada 100.000 habitantes.

Grupos criminales como el Primer Comando de la Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV) son algunos de los más agresivos y con mayor capacidad de ejercer violencia. Estos grupos han desarrollado estructuras complejas con una gran expansión territorial a nivel nacional e internacional, han infiltrado diversas instituciones Estatales brasileras y se han aliado con organizaciones criminales de otros países fronterizos como Colombia, Venezuela y Surinam, lo que hace que su desmantelamiento sea un desafío para las autoridades y un alto riesgo para esta región. 

Sumando estos factores la investigación criminal en Brasil enfrenta desafíos significativos debido a los altos índices delictivos que afectan la seguridad ciudadana y la confianza en las instituciones. El índice de criminalidad en Brasil para el primer trimestre de 2005 fue de 64,24 según Numbeo, sin embargo, el trabajo no solo se centra en el gobierno brasilero, la capacidad de expansión transnacional de estas organizaciones criminales implica un gran ejercicio de cooperación judicial internacional con las instituciones de justicia de los países afectados.

Una base de datos de ADN podría ser una herramienta poderosa en este sentido. Al almacenar perfiles genéticos de individuos condenados o investigados de delitos graves, las autoridades podrían comparar estos perfiles con evidencia encontrada en escenas de crimen o cualquier elemento probatorio, lo que facilitaría la identificación de sospechosos y la resolución de casos. Si los criminales miembros de organizaciones como el PCC y el CV son población flotante en Latinoamérica operando sin fronteras es lógico que se ADN esté relacionado con delitos cometidos en países diferente a Brasil.

Un ejemplo de esto fue el robo a un banco en Paraguay llamado “el robo del siglo”,  fue cometido en 2017 por miembros de PCC y debido a la confrontación armada que se dio con la Policía Paraguaya los cadáveres y ADN de los delincuentes que fueron recolectados en la escena fueron claves para identificar algunos miembros de esta agrupación pues varios de ellos ya se encontraban en la base de datos de Interpol por delitos anteriores.

Si bien desde el año 2012 el Gobierno de Brasil sancionó la Ley nacional 12.654 que autoriza la colecta de material genético para la investigación criminal y regula la creación de un banco de perfiles genéticos a nivel nacional, esta base actualmente solo se ocupa de registrar los perfiles relacionados con delitos limitados, es decir, delitos contra la propiedad y contra la vida. La experiencia global a demostrado que entre más amplio sea el catálogo de delitos que se registren el porcentaje de coincidencia será más elevado alcanzando hasta un 60% de efectividad.

Es imperativo fortalecer la base de datos existente, no solo por las dinámicas internas del país sino también por el riesgo que representa el PCC y el CV para Latinoamérica. Es necesario que el gobierno local brasilero revise la legislación existente y amplíe la cantidad de delitos que se registran en la base, se deben destinar recursos en infraestructura y capacitación para el manejo de datos genéticos, así como en la sensibilización de la sociedad sobre los beneficios y riesgos de esta tecnología. Es mucho mas rentable para Estado invertir en herramientas científicas que a la larga ahorran recursos y tiempo al sistema de justicia. 

Las bases de datos de ADN ofrecen ventajas frente a otras técnicas de investigación criminal. En primer lugar, permiten la identificación precisa de sospechosos y la resolución de casos complejos. Además, pueden ayudar a prevenir futuros delitos al identificar patrones de comportamiento y modus operandi de los delincuentes. Por otro lado, las bases de datos de ADN también pueden ser utilizadas para exonerar a personas inocentes que han sido erróneamente acusadas o condenadas.

Aunque las bases de datos de ADN son una herramienta poderosa en la investigación criminal, también plantean desafíos y limitaciones. En primer lugar, es fundamental garantizar la privacidad y la seguridad de los datos genéticos almacenados, para evitar abusos y violaciones de los derechos humanos.  Para implementar con éxito una base de datos de ADN, se recomienda que las autoridades tengan en cuenta las siguientes medidas:

– Desarrollar un marco legal y regulatorio claro y efectivo para la recopilación, almacenamiento y uso de perfiles genéticos.

– Invertir en infraestructura y capacitación para las autoridades que administrarán y serán usuarios de la base de datos.

– Garantizar la privacidad y la seguridad de los datos genéticos almacenados.

– Establecer protocolos claros para la comparación y análisis de perfiles genéticos.

– Promover la cooperación internacional y el intercambio de información para combatir el crimen transnacional. ‎

La invitación desde el proyecto “justicia forense: ADN Latinoamérica” es a repensar la investigación criminal desde la ciencia. Los avances en tecnología permiten a los administradores de justicia tener cada vez mayores herramientas y conocimiento, la clave está en entender y aplicar de manera ética respetando siempre el debido proceso y siendo coherentes con las dinámicas particulares y legislativas de los territorios en que se opera.