Hace dos años, los peritos del laboratorio de Medicina Legal quedaron atónitos al conocer la noticia. La saliva y el semen muestreados en varias mujeres violadas en la ruta de Cali a Palmira coincidía con el perfil genético de un modelo caleño investigado por la Fiscalía. El hombre, conocido por su escultural cuerpo como Míster Colombia 2013, fue capturado bajo el peso de al menos diez denuncias. Sus muestras biológicas, cruzadas con miles de pruebas genética que guarda el Estado, lo delataron. (Lea: Fiscalía propone crear un banco con el perfil genético de todos los colombianos).
Ese método es la esperanza científica de Néstor Humberto Martínez, fiscal general de la nación, para acabar con la impunidad, un problema que deja el 99 % de los crímenes del país sin resolver. Su idea, palabras más palabras menos, es legalizar el banco genético de personas vinculadas a procesos judiciales que ya funciona en el país.
Esa base de datos está inspirada en el Codis, un software diseñado por el FBI en 1998, que contiene el mayor número de perfiles genéticos en el mundo.
Estados Unidos ha donado esta herramienta a más de 50 países. En 2002 llegó a Colombia y con base en su tecnología los laboratorios de genética de Medicina Legal, la DIJIN y el CTI han construido dos bancos, independientes entre sí. El primero y más famoso está encargado de buscar desaparecidos. Gracias a esta herramienta, hace cuatro años, se identificaron los restos de nueve víctimas del Palacio de Justicia.
El segundo es una especie de lista de Excel en donde se incluyen por orden judicial a personas sindicadas por casos específicos. Se estima que contiene más de 15.000 perfiles genéticos, el 90 % de ellos de agresores sexuales y el resto de personas incriminadas por delitos contra la vida.
Pero sus búsquedas se dan a medias, porque la mayoría de población carcelaria no está registrada. Los expertos no saben si almacenar o no el ADN de culpables por otro tipo de crímenes como narcotráfico, corrupción o hurto y siempre se enfrentan al dilema de incluir o no a los menores de edad. Ese manejo es lo que pretende regular Martínez.
Artículo completo y fuente original: El Espectador
